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Libro Blanco sobre la atención sanitaria a personas con trastornos mentales graves en centros penitenciarios en España.
La asistencia sanitaria de las personas judicializadas con trastornos de su salud mental es un serio problema social y de salud pública al que se le ha prestado una atención dispar a lo largo del tiempo, tanto en España como en otros países europeos (1). Sin embargo, requiere una consideración especial por su magnitud apreciable. Los resultados de la Encuesta sobre Salud y Consumo de Drogas en Internados en Instituciones Penitenciarias (2022) muestran que el 34,8% (algo más de un tercio) de las personas internas refiere haber sido diagnosticada, alguna vez en su vida, de un trastorno mental o emocional, con una prevalencia mayor entre las mujeres (42,3%) que entre los hombres (34,3%), especialmente entre las mujeres de 35 a 44 años (46,9%) (2). Un porcentaje similar (32,2%) de la población penitenciaria manifiesta haber tenido ideas de suicidio alguna vez en la vida mientras que el 19,9% reconoce que ha intentado quitarse la vida alguna vez (25,4% mujeres y 19,5% hombres) (2). El 61,7% que refiere que ha tenido ideas de suicidio alguna vez en su vida, ha intentado suicidarse, siendo este dato más elevado entre las mujeres (65,8%) que entre los hombres (61,4%) (2).
En el entorno penitenciario, las personas con un trastorno mental grave (TMG) son especialmente vulnerables porque sufren síntomas psiquiátricos serios, frecuentemente incapacitantes; tienen un pobre estado general de salud y compromiso grave del funcionamiento social, y tienden a ser dependientes de otras personas cuidadoras para realizar actividades diarias básicas (3,4). Por lo tanto, se trata de un colectivo que se beneficia de atención sanitaria especializada.
Informe de estado sobre la Salud Mental Penitenciaria en Europa de la OMS – 2022
Este informe proporciona una descripción general del desempeño de los sistemas de salud penitenciarios en la región europea de la OMS. Contiene datos de 2020 obtenidos a través de una encuesta recopilada en 36 países, donde un total de 613 497 personas se encontraban privadas de libertad.
En la mayoría de estos países, la responsabilidad de brindar atención médica en las prisiones fue compartida entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia/Interior. Los servicios preventivos, como las vacunas, se ofrecieron universalmente para el COVID-19 en todos los Estados Miembros, aunque aún persistían las deficiencias en el acceso a la vacunación para otras enfermedades como la hepatitis B. La respuesta implementada para el COVID-19 fue buena, excepto cuando las personas estaban transición a la comunidad. La continuidad de la atención era un área que necesitaba inversión, y solo alrededor de la mitad de los Estados miembros garantizaban el acceso a los servicios de salud comunitarios.
La condición más prevalente fueron los trastornos de salud mental, pero la proporción de psiquiatras por personas en prisión no aseguró la equidad en la atención y el acceso al tratamiento fue subóptimo. La minimización de daños se centró principalmente en el acceso al tratamiento del consumo de drogas y menos en las prácticas seguras de inyección o tatuaje. El acceso al tratamiento de la hepatitis C (VHC) no estaba encaminado para lograr la eliminación del VHC y necesita atención urgente. La causa de muerte más frecuente en las cárceles fue el suicidio, seguida de la COVID-19 y la sobredosis de drogas. Se notificó hacinamiento en el 20 % de los estados miembros.
Guía de alimentación para la consulta de enfermería en centros penitenciarios y atención primaria.
Este informe proporciona una descripción general del desempeño de los sistemas de salud penitenciarios en la región europea de la OMS. Contiene datos de 2020 obtenidos a través de una encuesta recopilada en 36 países, donde un total de 613 497 personas se encontraban privadas de libertad.
En la mayoría de estos países, la responsabilidad de brindar atención médica en las prisiones fue compartida entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia/Interior. Los servicios preventivos, como las vacunas, se ofrecieron universalmente para el COVID-19 en todos los Estados Miembros, aunque aún persistían las deficiencias en el acceso a la vacunación para otras enfermedades como la hepatitis B. La respuesta implementada para el COVID-19 fue buena, excepto cuando las personas estaban transición a la comunidad. La continuidad de la atención era un área que necesitaba inversión, y solo alrededor de la mitad de los Estados miembros garantizaban el acceso a los servicios de salud comunitarios.
La condición más prevalente fueron los trastornos de salud mental, pero la proporción de psiquiatras por personas en prisión no aseguró la equidad en la atención y el acceso al tratamiento fue subóptimo. La minimización de daños se centró principalmente en el acceso al tratamiento del consumo de drogas y menos en las prácticas seguras de inyección o tatuaje. El acceso al tratamiento de la hepatitis C (VHC) no estaba encaminado para lograr la eliminación del VHC y necesita atención urgente. La causa de muerte más frecuente en las cárceles fue el suicidio, seguida de la COVID-19 y la sobredosis de drogas. Se notificó hacinamiento en el 20 % de los estados miembros.
Informe anual 2022 - Defensor del Pueblo
Este informe proporciona una descripción general del desempeño de los sistemas de salud penitenciarios en la región europea de la OMS. Contiene datos de 2020 obtenidos a través de una encuesta recopilada en 36 países, donde un total de 613 497 personas se encontraban privadas de libertad.