Esta jornada estaba organizada al unísono entre la OMC y la SESP, contando con los máximos responsables de una y otra entidad: Por parte de la OMC, estuvieron presentes con parte activa en la misma, su Presidente, D.Juan José Rodriguez Sendín; el Secretario general de la OMC, D. Serafín Romero Agüit y el vocal de Administraciones Públicas de esta organización, D. Antonio Ledesma Fernández-Pro.

           Por parte de la SESP, aparte de su Presidente, D. Julio García Guerrero, asistieron asimismo varios vocales de la Junta Directiva, junto a un nutrido grupo de personas tanto relacionadas directamente con la Sanidad Penitenciaria, como con ONGs  interesadas en los problemas de la sanidad en las prisiones.

          Desde la Secretaría General de II.PP. asistió y tuvo parte activa en esta Jornada , D. José Manuel Arroyo, Coordinador General de Sanidad Penitenciaria, quien afirmó en repetidas ocasiones la voluntad política y administrativa de que las transferencias sanitarias en cuestión eran una prioridad de la Institución Penitenciaria actualmente.             

        A lo largo de toda la mañana se fueron analizando los principales aspectos tanto peculiares como comunes de nuestro campo sanitario, sirviendo todo ello de una exposición de motivos y razones evidentes por las que ya no tiene objeto la existencia de este sistema paralelo dentro de la sanidad nacional, sino que todo el campo sanitario debe constituir una sola unidad más eficaz no solo en cuanto a resultados en el campo de la salud, sino también en el campo de la economía sanitaria.

       Y así lo entendieron desde la OMC al comprometerse a realizar diversas gestiones y actividades, algunas de ellas ya comentadas en la propia Dirección de la OMC en esa misma mañana, según el testimonio del vocal de Administraciones Públicas de esta Organización, en su alocución de clausura.

       La Prensa Médica ON LINE se ha hecho eco de esta reunión y os animamos a revisarla, con el convencimiento de que ha sido una importante jornada para la Sanidad Penitenciaria y para la SESP.
          
         En al BOLETIN de la SESP daremos más información de esta Jornada.

CONCLUSIONES DE LA I JORNADA SOBRE SANIDAD PENITENCIARIA EN LA OMC:

       El 17 de marzo se celebró la “I Jornada de la Sanidad Penitenciaria Española”. El acto fue organizado por la Organización Médica Colegial española (OMC) y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). Consistió en la celebración de dos mesas redondas en las que se abordó el estado actual de la Sanidad Penitenciaria y las perspectivas de futuro, todo ello desde diferentes puntos de vista, que los ponentes desarrollaron desde la óptica de sus respectivos campos de acción profesional y desde la discusión del actual estado de cosas, según el cual la asistencia sanitaria que se presta en las prisiones depende de una autoridad no sanitaria y no está integrada en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).
      
       Tras la presentación de las ponencias y el debate posterior, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
   
       1.- La transferencia de competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y su integración de pleno derecho en el área de atención primaria del SNS es una demanda antigua y constante de los profesionales sanitarios penitenciarios que tuvo su primera expresión formal en 1993, con la celebración del I Congreso Nacional de Sanidad Penitenciaria en León. Posteriormente la SESP, desde su creación en 1997, ha mantenido esta reivindicación como una de las guías principales de sus actividades.
   
       2.- Hay un mandato legal expreso para esta integración (Ley General de Sanidad; Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud), además de varias proposiciones no de ley tanto en el Parlamento nacional como en varios autonómicos, que instan al Gobierno de la nación y a las gobiernos de las comunidades autónomas a hacer efectiva esta transferencia e integración.
  
       3.- La no realización de ésta transferencia/integración puede afectar al principio de equivalencia en la prestación de los cuidados médicos a la población privada de libertad.
   
       4.- Son las autoridades sanitarias, y no otras, las que deben encargarse de promover, mantener y restaurar la salud de la población penitenciaria, así como de organizar y programar actividades de promoción de la salud entre ésta población. Ello por razones de equidad y eficiencia, además del ya mentado mandato legal.
   
       5.- El actual estado de cosas es causa de una doble discriminación: para los pacientes, las personas privadas de libertad, que ven como su derecho a recibir una asistencia sanitaria equivalente a la de la población general se ve afectado en ocasiones, y para los sanitarios que prestan esa asistencia, que lo hacen en unas condiciones profesionales y laborales diferentes, y para peor, que sus homólogos de atención primaria del SNS.
   
       6.- Algunos de los artículos del Código Deontológico de la OMC, como los que se refieren a las preferencias de los pacientes o a la revelación de secreto y otros,  pueden verse vulnerados por las peculiares características que tiene el ejercicio de la Medicina en el ámbito penitenciario. Esto no se produciría, o se produciría en menor medida, si la dependencia orgánica y funcional de los profesionales lo fuera de las autoridades sanitarias generales, y no de las penitenciarias como en la actualidad.
   
       7.- Se detecta una inacción de todas las administraciones implicadas en el proceso de transferencias, lo que indica una falta de voluntad política de estas administraciones para hacer efectivo el proceso y llevarlo a su término.
   
       En resumen:  La transferencia de competencias en materia de Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas y su integración en el área de atención primaria de los respectivos entes autonómicos del SNS, es una necesidad ética y legal y debe ser, por tanto, una prioridad política   para todas las administraciones implicadas en este asunto, que deben hacer todos los esfuerzos a su alcance para hacerla realidad en el plazo más breve posible. Es una reivindicación de los profesionales sanitarios penitenciarios, y también de la OMC, que ve en ella el medio más idóneo para mejorar la calidad de las prestaciones actuales del sistema penitenciario, tanto en la atención a los pacientes como en la equiparación de las condiciones profesionales de los sanitarios de Instituciones Penitenciarias con las de sus compañeros de los sistemas asistenciales de las diferentes comunidades autónomas. Además, con la culminación de este proceso, se daría cumplimiento a lo establecido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que contiene un mandato expreso en este sentido.
      
     
       La Noticia en la página oficial de la OMC:   VER